Elección de alcaldes

Mucho está dando que hablar la envenenada propuesta del PP de reformar la Ley Electoral (LOREG) para la elección directa de alcaldes en los 8.116 Ayuntamientos de España. Entre otras cosas porque lo que no se expone con claridad mueve a controversia. Pretende, bajo la coartada de la gobernabilidad del municipio, sea nombrado alcalde el cabeza de la lista que consiga el 40% de los votos y saque al siguiente al menos 5 puntos. De no ser así, habría una segunda vuelta entre los dos más votados.
Se la tilda de reforma electoral exprés, toda vez que nos encontramos a menos de 9 meses de la celebración de las próximas Elecciones Autonómicas y Municipales de mayo de 2015. Y se dice que es interesada por parte del único partido que la promueve –que amenaza incluso con implantarla en solitario–, dado que tiene difíciles los pactos postelectorales, de no obtener mayorías absolutas, y podría perder importantes alcaldías de capitales de provincia en las que ahora gobierna, entre otras Madrid. El pánico ha cundido en sus filas tras las pasadas Elecciones Europeas del 25-M en las que el PP, que solo superó el 40% de respaldo en Ceuta y Melilla, bajó hasta 16 puntos y perdió más de 3 millones de votos. Por eso quiere imponer sus propias reglas de juego –con lo que el 40% valdría más que el 60%– cambiando el vigente sistema de representación proporcional por otro de tipo presidencial. Al aplicarlo únicamente a Ayuntamientos, pero no a Parlamentos Autonómicos, ni al Congreso, aún siendo técnicamente posible, introduciría contradicciones enormes en el sistema y rompería la lógica constitucional, al otorgar la mayoría absoluta a quien solo ha sacado un porcentaje pequeño de votos.
Solo un pucherazo justificaría la urgencia en cambiar, unilateralmente y sin consenso, la lógica electoral que se aplica desde 1979. Su mayor coste económico tampoco cuadra con la cacareada austeridad del PP. Es inoportuna con el debate soberanista abierto, e insultante el vincularla con la regeneración democrática contra el lastre de la corrupción, que precisa de más ética y de una mejor fiscalización del poder. Que Rajoy dé la cara y se explique. Pero que no se negocie desde la oposición ningún cambio que suponga una regresión democrática, en lugar de una representación más equitativa.
José María Martínez Laseca
(28 de agosto de 2014)