La guerra incivil española
(1936-1939) es uno de los acontecimientos decisivos de nuestra historia
moderna. Clave en el devenir de España, convertida, desde 1978, en un estado
social y democrático de derecho. Sin duda, le debe mucho al dolor de las
heridas abiertas, que han ido cicatrizando, poco a poco, más por el paso del
tiempo, el miedo y el olvido, que por la justa reparación de la memoria y
dignidad de las victimas causadas entre los vencidos. Porque tan españoles eran
los unos como los otros. Para mejor evitar el riesgo de que se vuelvan a
repetir tales errores del pasado, conviene recordarlo.
Con el alzamiento militar del 18
de julio de 1936, la provincia de Soria, se decantó del lado de los militares
sublevados contra el orden republicano, legalmente establecido. Choca que, pese
a quedar en la retaguardia, alejada del frente de guerra y sin ofrecer
resistencia, se produjeran aquí más de 500 asesinatos de civiles. Un caso de
esa violencia y brutalidad, que da que pensar sobre la verdadera condición
humana, fue el fusilamiento de 10 personas acontecido en Barcones el 14 de
agosto de 1936: 4 vecinos de Soria
capital (Arsenio Martínez, Fermín González, Tomás Cué y Antonio Lafuente; afiliados
a la CNT ) y 6 de
San Esteban de Gormaz (Juan Ballano Pérez (agricultor de 31 años), Juan Pablo
Rica (Concejal de Cultura de 54 años), Bernabé Esteban Benito (jornalero de 37
años), Mariano González Carracedo (telefonista ferroviario de 35 años), Cándido
Muyo Arranz (agricultor de 25 años) y Máximo Redondo García (guardabarreras de
37 años). Un camión los trasladó esposados por la noche y, al amanecer, fueron
ejecutados a las afueras del pueblo, en presencia de un cura y un médico
militar. Pero, además, hubo algún otro testigo inoportuno, que para sobrevivir
tuvo que negociar constantemente entre la memoria y el olvido. Y que vivió para
contarlo.
Cada vez que se produce un
asesinato se genera un enorme vacío que requiere del rito del duelo para cerrar
su luto. Aquí fue posible, en parte, tras excavar la fosa común de los 6, el 1
de noviembre de 2014. Gracias a la asociación soriana Recuerdo y Dignidad (con
el tenaz Iván Aparicio al frente), que ahora ha visto atendida su denuncia del
12 de julio de 2013 por el juzgado de Instrucción nº 1 de Almazán. 
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