Es de sobra conocido el tradicional carácter ahorrador de los sorianos. Como si en su sentido previsor lo repartieran mentalmente en tres montoncitos. El primero, se decían, puesto que la salud es lo que importa, iría destinado a responder con la debida atención médica ante cualquier enfermedad que les pudiera sobrevenir; el segundo para darles a sus hijos una buena educación que les posibilitara vivir mejor que ellos y el tercero para disponer de un remanente suficiente que les aportara cierta seguridad en el otoño de sus días. Esto es lo que vino a avalar el denominado Estado de Bienestar con sus tres pilares de sanidad, educación y pensiones, establecidos como derechos para todos los ciudadanos y no como mercancías. Cabe decir del mismo que se quedó en un estado incipiente, sin alcanzar las cotas de cobertura de los países socialdemócratas punteros. Y hasta hemos podido comprobar cómo este ha ido desmoronándose poco a poco por dejación de los gobernantes políticos que han provocado el deterioro de los servicios públicos de manera interesada, tendente a su privatización, amparándose en la coartada de la crisis económica. Todo ello ha derivado en el aumento de las desigualdades en España, con especial incidencia en el deterioro de las condiciones de vida de las clases más desfavorecidas.
Recientemente, y dentro de este contexto, en el que además por parte del Gobierno se viene presumiendo de un crecimiento económico del 3%, se ha situado en el centro del debate social el importante tema de las pensiones. Ello por el elevado número de afectados, ya que supera los 9,5 millones de personas (en Soria un total de 22.000) y porque estos han comenzado las movilizaciones de carácter reivindicativo. En una doble dirección: para corregir el excesivo deterioro de su poder adquisitivo, como consecuencia de su congelación o un mísero incremento de las mismas en un 0, 25 %, cuando los precios de vivienda, luz, calefacción, teléfono, alimentación, medicinas, etc. crecen sin cesar, y, asimismo, para garantizar la suficiencia y la sostenibilidad del sistema público, cuestionadas por el saqueo de la hucha de la Seguridad Social. Conviene que no olviden nuestros políticos que la calidad democrática de un país también la mide el trato solidario que da a sus mayores. Y sobran burdas excusas.
José María Martínez Laseca
(15 de marzo de 2018)
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