Nueve provincias: una Comunidad, decía la canción en una campaña institucional de nuestra región de Castilla y León, definida como “histórica y cultural” en su Estatuto de Autonomía, aprobado el 25 de febrero de 1983. Hace ya 35 años. Por la vía lenta del art. 143 (frente a otras por la rápida del 151), cuyo derecho reconocía el art. 2 de la Constitución Española de 1978. Se trataba en aquel contexto de la transición política, de pasar de la dictadura franquista a la España democrática y de las libertades, de propiciar fórmulas de autogobierno, mediante la descentralización de competencias. Y a la vez contrarrestar las reivindicaciones nacionalistas de vascos y catalanes, concediendo “café para todos”. El pacto de Estado, de julio de 1981, entre la UCD y el PSOE para la configuración del mapa autonómico, integraba finalmente en el conjunto, dadas sus similitudes sociales, económicas e históricas, a León y Segovia, que trataron de excluirse. Quedaron fuera Logroño y Santander, conformadas como las Comunidades uniprovinciales de La Rioja y Cantabria. Con la nueva administración autonómica, Soria –la única que no limita con Valladolid– se situaba una vez más en la periferia. No se vivió el proceso, pues, como una reivindicación identitaria.
Al hacer balance del uso hecho del Estatuto de Autonomía (4 años del PSOE y 31 del PP) como el mejor instrumento para contribuir a forjar nuestro propio destino, en cuanto a desarrollo y progreso, se advierte –máxime en este tiempo de crisis económica y de desempleo– una visión más pesimista que optimista. Con el grave problema demográfico de futuro: poca gente, envejecida y dispersa. Quejas de fuga de cerebros. De la falta de recursos en los presupuestos, fondos de compensación interterritorial y europeos, con efectos correctores de los desequilibrios. Se habla de duplicidades administrativas. Del Senado que no es cámara territorial. Del retraso en la autovía del Duero. y la reforma del Hospital de Soria. De las corruptelas en torno a las Cajas de Ahorro –que iban a ser el músculo financiero– y parques eólicos. Del deterioro sanitario, educativo y de prestación de servicios sociales, pese a presumir tanto de ellos. Hay falta de oportunidades. En fin, que abunda el victimismo por agravios e insolidaridades a la hora de lograr una auténtica vertebración del territorio y una mayor cohesión social.
Al hacer balance del uso hecho del Estatuto de Autonomía (4 años del PSOE y 31 del PP) como el mejor instrumento para contribuir a forjar nuestro propio destino, en cuanto a desarrollo y progreso, se advierte –máxime en este tiempo de crisis económica y de desempleo– una visión más pesimista que optimista. Con el grave problema demográfico de futuro: poca gente, envejecida y dispersa. Quejas de fuga de cerebros. De la falta de recursos en los presupuestos, fondos de compensación interterritorial y europeos, con efectos correctores de los desequilibrios. Se habla de duplicidades administrativas. Del Senado que no es cámara territorial. Del retraso en la autovía del Duero. y la reforma del Hospital de Soria. De las corruptelas en torno a las Cajas de Ahorro –que iban a ser el músculo financiero– y parques eólicos. Del deterioro sanitario, educativo y de prestación de servicios sociales, pese a presumir tanto de ellos. Hay falta de oportunidades. En fin, que abunda el victimismo por agravios e insolidaridades a la hora de lograr una auténtica vertebración del territorio y una mayor cohesión social.
José María Martínez Laseca
(1 de marzo de 2018)
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