Siempre conviene hablar de educación. Por lo que en ella nos va es uno de los asuntos políticos de mayor importancia. Porque, como señalaba “Cuadernos de Pedagogía”, revista de formación e información en el ámbito educativo, la sociedad evoluciona a un ritmo vertiginoso. Los valores, los artefactos tecnológicos, las identidades infantiles y juveniles, la diversidad cultural o los nuevos escenarios de aprendizaje pillan a la escuela y a otros agentes educativos totalmente desprevenidos. Vivimos tiempos de desconcierto y de incertidumbre. Y porque, como bien dice Mafalda en su viñeta: es la vacuna contra la violencia y la ignorancia
Ahora, como consecuencia de la aprobación de forma inicial por el Pleno del Congreso de los Diputados, el pasado día 19 de noviembre, con la mayoría absoluta conformada por los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, ERC y los grupos minoritarios, de la LOMLOE, también conocida como Ley Celaá. Se cumplía con ello el compromiso que adquirieron, en 2013, varios grupos políticos de derogar la LOMCE o Ley Wert, que antes impuso el PP sin el más mínimo consenso. Así, frente al darwinismo de la Ley Wert, que apoyaba a los más fuertes en detrimento de los más vulnerables, esta nueva Ley apuesta para que la escuela pública, de todos y para todos, sea el pilar de la sociedad, a semejanza de la sanidad pública. Pretende elevar su calidad para que los ciudadanos no solo la respeten sino que acudan a ella.
No se puede negar la realidad: la forma de entender la educación va estrechamente unida a la forma de entender la sociedad. De aquí que haya surgido una cierta polémica en torno a la misma auspiciada por sus detractores, con el PP al frente de la manifestación, junto con la enseñanza concertada religiosa, que centran sus más furibundos ataques en determinados aspectos que vamos a analizar a continuación.
En la actualidad 9 de cada 10 niños sin recursos y 8 de cada 10 hijos de inmigrantes están escolarizados en la escuela pública, pese a que esta educa al 67,1% de los alumnos mientras que la concertada lo hace con el 25,5 % y la privada con el 7,4 %. Por eso el Gobierno entiende que la enseñanza subvencionada (financiada con los impuestos de todos) debería arrimar más el hombro. A fin de evitar la formación de guetos al segregar a los alumnos. Además, según informe encargado por los padres de la CEAPA, si un niño no paga la clase complementaria tiene que abandonar el aula en el 10% de los centros concertados de 7 comunidades y en Madrid alcanza al 28 % de dichos centros. Por eso, lograr una equidad en la escuela, que hoy no existe, supone el gran objetivo de la Ley Celaá.
Por otra parte, un 17% de estudiantes españoles con discapacidad (35.000) asisten ahora a centros especiales. Hecho que utilizan los críticos con la nueva Ley diciendo que van a acabar con dichos centros, cuando lo que realmente se pretende es conseguir una mayor integración de los afectados en los centros ordinarios.
Asimismo, han arremetido por la decisión en la Ley de que el castellano deje de ser lengua vehicular para todo el Estado, expresión que apareció por primera vez en 2013 en la Ley Wert. Esa fue la exigencia de Esquerra para apoyarla. Cierto es que un análisis reciente ha evidenciado que en ninguna de las escuelas públicas catalanas la lengua vehicular fuese el castellano. Por lo que la nueva Ley no cambia nada.
Y con respecto a la religión, los acuerdos de 1979 con el Vaticano, impiden que la religión salga de la jornada de clase. No obstante, con esta Ley esta asignatura no tendrá una alternativa. Si el alumno la elige figurará en su boletín de notas, aunque la misma no computará para la nota media ni a efectos de becas.
En definitiva, frente a lo que dicen los contrarios a la LOMLOE, la escuela concertada seguirá existiendo, La educación especial será una opción y no cerrará. Tampoco el castellano desaparece de Cataluña ni de otras comunidades con lengua propia. Y el que quiera estudiar religión podrá hacerlo. Aunque sí que se prohíbe la segregación de sexos en la concertada, como ordena nuestra Constitución.
Es una lástima que no se haya podido conseguir el deseable pacto educativo, tan invocado como imposible de lograr cuando el PP se encuentra en la oposición. La LOMLOE supone un paso adelante y un respaldo a la educación pública, al defender y apoyar la igualdad de oportunidades en una escuela pública de calidad, universal, laica, integradora y totalmente gratuita.
Por supuesto que la Ley Celaá no es perfecta, pero puede mejorar muchas cosas en aras a conseguir una mejor educación de los hombres y mujeres libres que necesita la sociedad española justa y democrática que queremos desarrollar en el presente y en el futuro.
José María Martínez Laseca
(29 de noviembre de 2020)